Resumen: Conflicto colectivo. Mejoras voluntarias. Falta de contradicción.
Resumen: En el delito contra la salud pública lo esencial es acreditar el destino al tráfico de la droga poseída. Tal elemento subjetivo pertenece a lo más íntimo de la conciencia. Por ello en ausencia de prueba directa sobre dicho destino es posible recurrir a la prueba indiciaria, cuya validez para enervar la presunción de inocencia ha sido admitida. La inferencia realizada en la sentencia impugnada en el sentido de deducir que el destino de la droga que poseía el acusado era la distribución a terceros es correcta, ya que ha contado con indicios plurales y han sido valorados conforme a criterios racionales, lejos de cualquier interpretación arbitraria o ilógica. La sentencia justifica la inferencia de la preordenación al tráfico de las sustancias intervenidas al acusado fundamentalmente teniendo en cuenta la localización de la cocaína, la falta de alegación por parte del acusado de alguna circunstancia excepcional que le hubiera llevado a tener almacenada la sustancia en la cantidad indicada, y la distribución en monodosis de la sustancia, indicativa de su preparación para su distribución a terceros. Se recuerda que las declaraciones espontáneas efectuadas ante los agentes de la autoridad son admisibles como elemento de cargo, siempre y cuando sean introducidas en el debate contradictorio del plenario. El principio in dubio pro reo impone la absolución en aquellos supuestos en los que, una vez valorada la prueba, persistan dudas en el Tribunal respecto a la culpabilidad del acusado.
Resumen: La sentencia conoce de un acto aplicativo de un convenio administrativo entre la Dirección General de tráfico y el Colegio de gestores administrativos, por el que se permite a éstos la adquisición de derechos de tasas para su mutación en verdaderas tasas cuando se produce el hechos imponible, y la petición que es causa del recurso consiste en la solicitud de actualización del importe de las tasas para su posible utilización. La Administración tramitó la solicitud como una petición de devolución de ingresos indebidos que desestimó, a pesar que la solicitud no consistió en aquello, como en la actualización del importe, para una vez abonado por el gestor, poder aplicar la tasa a cada hecho imponible que se produzca a partir de este momento.
Resumen: DESPIDO DISCIPLINARIO. ACREDITACIÓN DE LA CONDUCTA IMPUTADA. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. FALTA DE RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA. FALTA DE CITA Y FUNDAMENTACIÓN.
